martes, abril 11, 2006

La miopía de la Administración con Internet

Desde hace años vengo haciendo un seguimiento de la política española en materia de Internet por múltiples motivos. Deambulo desde el escepticismo al enfado.

No han bastado cientos de indicadores que sitúan a España a la cola de Europa en el desarrollo de la sociedad de la información. El último: el 50% de los españoles no ha utilizado nunca Internet, un porcentaje siete puntos superior a la media europea según los datos de un estudio publicado hoy por la Oficina de Estadística de la UE, Eurostat (Ver noticia).

Tampoco han servido aportaciones como las de Emilio Ontiveros con su libro "La economía en la red" y sus numerosas intervenciones públicas en el que ha dejado en evidencia la debilidad estructural de la economía española en relación con el coste que conlleva, en términos de productividad y competitividad, nuestro atraso en la sociedad de la información.

Una pasividad extrema, plagada de algunos errores de importancia, es el cuadro predominante en los últimos diez años en lo que a las politicas gubernamentales aplicadas a Internet se refiere. No he perdido la esperanza de que las cosas puedan cambiar, aunque cada vez va ganando terreno el escepticismo.

España apresa por descargas en la red, mientras, el Reino Unido da banda ancha gratis, Estados Unidos hace ciudades inalámbricas...

Mientras que en España la noticia es que el Gobierno bloquea 17 web para bajarse música y películas y detienen a 15 informáticos, -lo que origina un post tan duro como este del profesor Dans-, la noticia en el Reino Unido es hoy la Banda ancha gratis, refiriéndose a Carphone Warehouse, la mayor cadena de venta al por menor de teléfonos móviles, que ha lanzado una agresiva campaña comercial por la que regala Internet junto con el servicio telefónico tradicional.

Recordemos que, hace aproximadamente un mes, Tomas Buck en el Financial Times se hacía eco de que Bruselas investigaba la posición de dominio de Telefónica en ADSL. Según esta fuente el máximo organismo regulador de la UE habría comprobado que en España los precios de la banda ancha son muy superiores a los de la media de la UE.

El mundo no se para por el hecho de que nuestro país no crea que Internet deba ser una prioridad. Hace unos pocos días leía otra noticia también interesante sobre la adjudicación a Google del proyecto para hacer inalámbrica la ciudad de San Francisco en los Estados Unidos.


La Administración española e Internet

Las actuaciones de la Administración española en materia de Internet están llevando a este país a un retraso relativo que puede ser extremadamente perjudicial para nuestro futuro. La excepcional coyuntura de la actividad inmobiliaria de los últimos años-lo que Ontiveros llama la fiesta inmobiliaria- oculta una realidad extremadamente peligrosa para nuestro país.

Hace unos pocos meses se liberaba el dominio punto.es. No sé qué fue peor. La ridícula regulación que impedía el registro de dominios en términos comparativos con exigencias absurdas, o el tirar por la borda un valioso activo abriéndolo sin más a la voracidad especulativa tras muchos años de cerrojazo.

La imaginativa política liberal del presente gobierno no tiene cabida en Internet. Y es una pena. Sobre todo cuando pensamos en que el idioma español representa a una comunidad lingüística de más de 400 millones de habitantes. Un tesoro a explotar, comparado con la limitada influencia de otros países de Europa (Alemania, Italia, Francia...).

¿Pero para qué ir tan lejos? Mientras en otros países el comercio electrónico crece, en España titubea; mientras la publicidad contextual da armas a las empresas en muchos países del mundo, aquí el Vicepresidente de Google Europa Nikesh Arora, declaraba en Madrid hace unos días su 'decepción' por la situación del mercado español ante la baja penetración de la banda ancha y la implantación de la publicidad online.

Sería mejor que la diligencia de la Administración en apresar a los que descargan vídeos o música por Internet se desplazara hacia la posibilidad de poder pagar una multa de tráfico online, declarar la renta apretando una tecla, solicitar el nuevo carné digital en cuestión de segundos desde casa, etc. O simplemente estableciera algunas reglas -o prescindiera de ellas- que favorecieran el desarrollo de la sociedad de la información en nuestro país. Una pena.


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